Arcos de la Sierra se acoge a las ayudas para financiar planes urbanísticos

El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, firmó en torno al pasado 13 de agosto de 2010 convenios con tres ayuntamientos de la provincia de Cuenca, que responden al compromiso del Gobierno regional de aportar financiación para la elaboración de sus planes urbanísticos.
Con estos convenios «se sientan las bases para que los vecinos disfruten de mayor calidad de vida por residir en pueblos y ciudades organizadas», apuntó dicho consejero.

Gracias a estas firmas, anunció el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, «los habitantes de Alcohujate, Villanueva de Guadamejud y Arcos de la Sierra se suman a la población regional que vive en municipios que apuestan por un crecimiento ordenado y una delimitación de zonas residenciales, industriales, zonas verdes y espacios reservados para dotaciones e infraestructuras como hospitales, colegios u otros equipamientos».
Además, y con una dotación del Gobierno regional superior a los 187.000 euros, Sanchez Pingarrón destacó que estos tres ayuntamientos de la provincia de Cuenca gobiernan con menos de 500 habitantes.
Un dato que demuestra, afirmó, «que no sólo los grandes municipios necesitan y apuestan por una planificación para su desarrollo, también los pequeños núcleos de población están plenamente concienciados».

Planeamiento urbanístico
En este sentido, el titular de Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno regional manifestó que, en la actualidad, el 65 por ciento de los municipios de la región cuentan con alguna figura de planeamiento, un dato que en términos de población se traduce en el 95 por ciento de la población castellano-manchega, según informa la Junta en nota de prensa.
Precisamente, aseguró, la búsqueda de un crecimiento planificado de los municipios es una de las bases que sustentan la Lotau, una Ley que está permitiendo un mayor ahorro de tiempo en la tramitación de la planificación urbanística de los municipios, mediante una reducción de trámites que agilizan las aprobaciones de los planes urbanísticos sin reducir las garantías para los ciudadanos, explicó Pingarrón.